martes, 27 de abril de 2010

Excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda

Ref. Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata. Apremio. Excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda. Realidad comprobada en la causa. Con fecha 13 de abril de 2010, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dictó sentencia en la causa P-1106-BB1 FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. JARATZ, ALEJANDRO GERMAN s. APREMIO PROVINCIAL" rechazando el recurso de apelación interpuesto por el Fisco provincial y confirmando la sentencia de grado que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título por inexistencia comprobada de deuda. Fallo P-1106-BB1.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 13 días del mes de abril del año dos mil diez, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa P-1106-BB1 "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. JARATZ ALEJANDRO GERMAN s. APREMIO PROVINCIAL", con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo y Riccitelli, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El entonces titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca dictó sentencia haciendo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado, y rechazando –en consecuencia- la ejecución promovida en su contra por el Fisco Provincial. Asimismo, impuso las costas al accionante vencido y reguló los honorarios de la Dra. Amorina G. Regina -letrada patrocinante del accionado- y del perito Contador Roberto Domingo Trobiani (arts. 22 de la ley 13.406, 16 del Decreto ley 8904/77; y 207 ley 13.750), aclarando que la base regulatoria considerada había sido el monto de la demanda (art. 23 del Decreto ley 8904/77) [v. fs. 424/426].

II. El Fisco provincial se notificó de dicho pronunciamiento el 18-09-2008 [v. cédula de fs. 431], y con fecha 29-09-2008 interpuso en su contra recurso de apelación fundado [cfr. fs. 432/438], el que fue concedido por el a quo en relación, ordenando correr traslado de sus fundamentos a la contraparte por el término de cinco (5) días [v. fs. 439].

III. Notificándose personalmente del traslado conferido, el ejecutado replicó el memorial de agravios el 15-10-2008 [v. fs. 442/452], presentación que fue tenida por realizada en tiempo y forma mediante providencia de fs. 453, ordenándose en el mismo auto la elevación de la causa a esta Alzada.

IV. Por otra parte, el 16-09-2008 –mediante la remisión de las actuaciones- se notificó a la Asesoría Pericial departamental [v. constancia de fs. 427 vta.], la que consintió expresamente la regulación de honorarios practicada a favor del Perito Contador Oficial Roberto Domingo Trobiani [v. presentación de fecha 17-09-2008, fs. 428].

V. Recibidas las actuaciones en este Tribunal [cfr. fs. 453] y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. fs. 454], corresponde plantear la siguiente:

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso de apelación deducido por el Fisco provincial a fs. 432/438?

A la cuestión planteada la señora Juez doctora Sardo dijo:

I.1. En lo conducente para resolver el recurso, el a quo dictó sentencia acogiendo la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado -Sr. Alejandro Germán Jaratz- y, en consecuencia, rechazó la ejecución fiscal seguida en su contra.
Para fundar su pronunciamiento, luego de relatar las posturas de ambas partes y lo actuado en la causa, señaló que si bien es cierto que las defensas admitidas en el proceso de apremio se encontraban –en principio- limitadas a las prescriptas en el art. 9 de la ley 13.406, no tratar el planteo del ejecutado referido a la inexistencia de la deuda reclamada, importaría incurrir en un formalismo exagerado que llevaría a caer en el extremo de no considerar un elemento de convicción sustancial con capacidad bastante para desvirtuar la aptitud ejecutiva del título base de la acción, y por lo tanto, su directa procedencia. Así, consideró conducente el tratamiento de la defensa esgrimida por el demandado a través del carril de la excepción de inhabilidad de título, y adicionó que lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal en detrimento de garantías constitucionales. Citó a continuación -y en sustento de su posición- precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sentado lo anterior, se introdujo en el tratamiento de la mentada defensa, puntualizando que consta en el título ejecutivo Nº 279.032 (obrante a fs. 6) –además lo denuncia el demandado a fs. 181 y lo ratifica la actora a fs. 203- que la actividad gravada por la que se generó la deuda es la venta al por menor de artículos para regalo supuestamente realizada por el ejecutado durante los años 2004 y 2005.
Refirió luego que de la documentación acompañada por el contribuyente surgía probado que éste había solicitado el 3-06-1996 su cese en el Impuesto a los Ingresos Brutos, aunque reconocía en dicho acto que le quedaba pendiente el pago de una deuda que regularizaría a través de un plan de facilidades de pago (cfr. fs. 58 y fs. 335/336). Agregó que con fecha 8-02-2007, tras haber cancelado aquella deuda, obtuvo de Rentas el cese definitivo de la actividad (cfr. fs. 61/62 –constancia acogimiento a moratoria y de pago- y fs. 99). Por otra parte, señaló que obra a fs. 297/298 la constancia certificada de la denuncia de cese en la actividad de venta de artículos de regalo efectuada ante la AFIP el 7-06-1996.
Relató además, que en el expediente administrativo N° 2306-391627/02 -ofrecido como prueba por ambas partes- consta que la propia Administración en el informe final de descargo (Capítulo "VII Conclusión") sostuvo que de los procedimientos de auditoría realizados surgía que el contribuyente no poseía actividades en forma unipersonal desde diciembre de 1995, prueba que estimó concluyente para conceder la razón al ejecutado por provenir de la propia parte actora.
Reflexionó que resolver que la ejecutada inicie un juicio ordinario posterior de repetición –como solicitó la accionante-, cuando de la prueba acumulada surgen los elementos para dilucidar la cuestión planteada, desvirtuaría el servicio de justicia provocando un dispendio jurisdiccional y tal pronunciamiento resultaría descalificable.
Concluyó entonces, con respaldo en la prueba producida, que la deuda que se intentaba ejecutar al Sr. Jaratz, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la venta al por menor de artículos de regalo (código 523.540) correspondiente a los períodos 2, 3, 4 y 5 del año 2004 y 2 y 3 del año 2005, era inexistente, toda vez que la Dirección de Rentas había señalado que el contribuyente no desarrollaba actividad en forma unipersonal desde diciembre de 1995.
Habiendo arribado a tal conclusión, estimó innecesario el tratamiento de las restantes argumentaciones defensivas planteadas por el demandado.

2. El recurso de apelación presentado por el Fisco se estructura sobre la base de tres ejes argumentales: a) uno relativo al rechazo de la ejecución; b) otro relacionado a la imposición de costas y, c) finalmente, se agravió -en la misma pieza recursiva- de la regulación de honorarios practicada a favor de la letrada patrocinante del demandado y del perito contador interviniente en autos, por considerarlos altos.

a. Primeramente se queja el apelante del tratamiento que el a quo le dispensó al planteo de inexistencia de deuda.
En tal senda, indica que la excepción de inhabilidad de título debe referirse a las formas extrínsecas del documento, sin que pueda discutirse la causa de la obligación (art. 2 de la ley 13.406).
De allí, entiende que los fundamentos empleados por el magistrado de grado en el fallo impugnado son –a su criterio- inconsistentes y carentes de todo sustento legal, refiriéndose a cuestiones de fondo no debatibles dentro del estricto marco cognitivo del apremio.
Evidencia que, conforme jurisprudencia pacífica, si el certificado ejecutivo cumple acabadamente con los requisitos impuestos por el art. 2 de la ley 13.406 –indicación de los períodos, montos y obligado al pago- el título es hábil y los elementos que se utilizaron para arribar a la suma reclamada forman parte de la etapa de preparación del certificado en ejecución, que es anterior e "irreversible" por la vía de apremio (arts. 2 y 7 ley 13.406 y art. 551 del C.P.C.C.).
Enuncia que en la sentencia apelada, el juez de la instancia se basa en actuaciones administrativas (expte. Nº 2306-391.627/02) que no tienen que ver con el expediente administrativo que diera origen al título ejecutivo traído en ejecución (Nº 2306-0208744/2006), sino que se refieren a otro proceso determinativo.
Continuando con esta línea argumental, manifiesta que el juicio de apremio contiene una restricción cognoscitiva en torno al origen del crédito fundada, de un lado, en la presunción de legitimidad que acompaña a los títulos ejecutivos y, de otro, en la aplicación de un principio fundamental de derecho tributario cual es el "solve et repete", descartándose con ello la existencia de un exceso ritual manifiesto. Apuntala su afirmación con antecedentes de los Cimeros Tribunales Nacional y Provincial que estima atingentes a su postura.
Sin perjuicio de lo dicho, alega que –contrariamente a lo sugerido por el magistrado de trámite- en la especie el contribuyente no ha demostrado el cese de sus actividades, sino que sólo se acreditó que –en los períodos reclamados- tuvo la intención de dar por terminada su actividad, obteniendo recién el 30 de enero de 2007 el cese definitivo (conforme formulario 445 C acompañado por el demandado). En este sentido, afirma que la falta de actividad de un contribuyente no implica su cese, el que –en la especie- se obtuvo de modo definitivo en la fecha indicada.
Aduna que la nota de conclusión de actividades de venta de artículos de regalería del 23 de Diciembre de 1995 acompañada por el contribuyente, resulta una mera manifestación unilateral de voluntad del accionado, sin ningún tipo de consentimiento posterior.
En este lineamiento, indica que mientras que el contribuyente no obtuvo el cese de actividades, subsistía su obligación de presentar las declaraciones juradas del impuesto (art. 178 del Código Fiscal), y ellas fueron presentadas en Diciembre del año 2006 conjuntamente con sus retrasados pagos –incurriendo en infracción-, por lo que su incumplimiento permitió legítimamente la emisión del título ejecutivo Nº 279.032 por los períodos 2 al 5 de 2004 y 2 y 3 de 2005 (fs. 6), en cuanto traduce la liquidación de una deuda determinada en uso del procedimiento establecido por los arts. 39, 39 bis, sigtes. y ccs. del Código Fiscal –y por ende su exigibilidad de conformidad con lo previsto en el art. 50, 3º y 4º párrafos, de la referida legislación-, habilitando el inicio del presente apremio.
Así, el reclamo de los pagos a cuenta –afirma- se sustenta en la inconducta fiscal exhibida por el contribuyente Jaratz, ya que por acto propio, reconoce que omitió el ingreso de las correspondientes declaraciones juradas.
Subraya que es deber de los contribuyentes presentar sus declaraciones juradas a efectos de exteriorizar los hechos o actos generadores de obligaciones tributarias, y es entonces una obligación comunicar a la autoridad administrativa todo cambio de la situación que pueda significar nuevos hechos imponibles o modificación de los existentes, debiendo satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese (conf. art. 178 del Código Fiscal).
Reitera que inmiscuirse a determinar el momento en que se hubo producido el cese de la actividad generadora del tributo importa –a su criterio- ingresar en la causa de la obligación, materia vedada en los juicios de apremio, al adentrarse en cuestiones que se presumen verificadas por el órgano de aplicación antes del dictado del acto administrativo que originara el título en ejecución, el que -a su vez- también se presume legítimo. Remarca que el cese definitivo en la actividad gravada se estableció al 30 de enero de 2007 (conf. fs. 99), esto es, después de iniciado el presente juicio de apremio.
Expone que el a quo al meritar las constancias del expediente administrativo N° 2306-391627/2002 ha suplido la actividad del Fisco al declarar que el contribuyente no realizó actividad unipersonal desde el año 1995. Enlaza a ello que tales constancias administrativas no contienen puntos de conexión con la deuda reclamada en autos desde que la cartular en ejecución se generó en el marco del expediente administrativo N° 2306-0208744/2006.
Recuerda nuevamente –en torno a lo afirmado- que los cuestionamientos relativos al origen del crédito deben hacerse valer en un juicio ordinario de repetición.
Por otra parte, agrega que –en el caso- el accionado registraba como domicilio fiscal el de la calle Soler Nº 33 de Bahía Blanca y que luego –el 5-06-2003- denunció el cambio de su domicilio postal (a la calle Llao Llao Nº 209 de Bahía Blanca), empero no registró cambio alguno respecto del domicilio fiscal que se mantuvo en el lugar primigeniamente registrado, el cual reviste el carácter de domicilio constituído, por lo que –afirma- carecen de sustento las argumentaciones del demandado en torno a la falta de notificación de las intimaciones que se le cursaran.
Así, coherente con el modo en que fue determinada la deuda -sobre base presunta-, arguye que para emitir el título ejecutivo cuestionado, el contribuyente fue intimado al pago de la acreencia en el domicilio fiscal que declarara –con sustento en el art. 29 del Código Fiscal-, cumpliéndose así con el recaudo exigido por el art. 50 de la ley 10.397.

b. En siguiente orden se agravia de la imposición de costas, alegando que el a quo no ha advertido que la inactividad del contribuyente fue la que generó la promoción del apremio, por cuanto el cese de la actividad recién fue obtenido por aquél el 30-01-2007, esto es, con posterioridad al inicio de la acción, persistiendo hasta entonces la obligación establecida en los arts. 30 y 185 del Código Fiscal de presentar las Declaraciones Juradas –con lo que se hubiera evitado el dispendio jurisdiccional-. Por ello, entiende que no puede hacerse cargar al Fisco con las costas, sino que éstas deben imponerse al generador del título Nº 279.032, es decir, al demandado.

c. Finalmente, se agravia de la regulación honorarios practicada a favor de la letrada patrocinante del ejecutado Dra. Amorina Regina y del Perito Contador Roberto Domingo Trobiani, por considerarlos altos.
Peticiona, por las razones expuestas, que se revoque la sentencia apelada, con costas en ambas instancias a la demandada.

3. El ejecutado responde los agravios del Fisco tanto en lo relativo al rechazo de la ejecución como al modo en que se distribuyeran las costas del proceso.

a. En orden al primer aspecto, sustenta su réplica argumentando en favor del tratamiento de la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda y, enlazado con ello, refleja que en autos se ha acreditado acabadamente que durante los períodos exigidos no realizaba la actividad por la que fue determinado el tributo.
Así, declama que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde la causa "Colalillo" (Fallos 238:550) en adelante ha sostenido reiteradamente que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales, derivando de ello que los magistrados siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales.
Razona que de aceptarse la tesis fiscal, el contribuyente debe abonar el crédito reclamado por un mero rigorismo formal, a pesar de haberse comprobado su inexistencia.
Conforme su óptica, prescindir por completo de toda valoración de la prueba importaría una indudable falta de acatamiento al espíritu de la ley, máxime cuando no se observa perjuicio fiscal alguno.
Asegura que admitir sólo la consideración de vicios relativos a las formas extrínsecas del título ejecutivo sin ponderar la verdad material u objetiva, es incurrir en un exceso ritual manifiesto. Apuntala su afirmación con precedentes jurisprudenciales que –a su criterio- resultan atinentes.
Manifiesta, además, que con la prueba rendida en autos –cuya producción no fue resistida por el Fisco- se acreditó que el 3 de junio de 1996 denunció ante la Dirección Provincial de Rentas el cese de la actividad comercial y que el 7 de junio de 1996 hizo lo propio ante la Dirección General Impositiva (actual AFIP-DGI), en ambos casos con retroactividad al mes de diciembre de 1995.
Agrega que –a ese tiempo- quedó pendiente de pago una deuda devengada en el Impuesto a los Ingresos Brutos por aquella actividad comercial, correspondiente a los períodos 6/94, 1/95 y 3 a 6/95, lo que le imposibilitó tramitar la baja en el impuesto en cuestión. Señala que el plan de regularización de la referida deuda, implementado por la ley 11.808, fue cancelado en el mes de diciembre de 2006, y en consecuencia, el 19-12-2006 inició la tramitación de la baja en ingresos brutos de la actividad comercial de venta por menor de artículos para regalos (hoy código de actividad Nº 523540) y de todas las que ejerció como persona física individual, obteniendo luego el cese definitivo en esa actividad.
Resalta que no obstante haber denunciado oportunamente ante el ente recaudador el cese de la actividad, la Administración Fiscal pretende el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la venta al por menor de artículos de regalo, sin que aquella actividad exista, ausentándose de ese modo el nacimiento de la obligación de tributar el impuesto.
Seguidamente, analiza la legitimidad del título ejecutivo, observando que la resolución que determinó la deuda no se encuentra consentida o ejecutoriada, al no haberle sido notificada.
Reedita de esta forma el planteo de nulidad de notificación deducido al momento de oponer excepciones.
En esta senda, hace notar que la gravitación que adquiere la notificación en el apremio es indiscutida. Transcribe pasajes de antecedentes jurisprudenciales que estima aplicables.
Agrega que del cotejo de las actuaciones administrativas surge que el Fisco provincial aplicó erróneamente el art. 66 de la ley 7647, puesto que de los considerandos de la Resolución 3461/06 dictada por la D.P.R. que dispuso la notificación por publicación en el Boletín Oficial se desprende que se efectuó de conformidad con el art. 136 del Código Fiscal –t.o. 2004-, norma que prevé aquella forma de notificación cuando las misivas cursadas resultaran infructuosas, y en el caso –afirma- nunca recibió comunicación alguna en su domicilio fiscal.
Destaca que el domicilio fiscal que figura a fs. 3 del expediente administrativo (Soler 33 de Bahía Blanca) fue cambiado en el año 2003 (a Llao Llao 209 de Bahía Blanca), y que en este último recibió una notificación requiriéndosele información por la verificación de la situación fiscal frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los años 2000 a 2002, librada en el expediente administrativo Nº 2306-39162/02. También en este nuevo domicilio –agrega- el 15-05-2003 la D.P.R. labró actas de inspección, reconociéndose de tal modo el cambio del domicilio fiscal.
Sin embargo, para la deuda aquí reclamada se recurrió al Boletín Oficial. Esta deficiencia, a su criterio, hace que no haya podido ejercer adecuadamente su defensa en sede administrativa y que el título ejecutivo haya sido expedido sin tener un acto administrativo con fuerza obligatoria.
Por otra parte, señala que si bien el contribuyente está obligado a presentar declaraciones juradas hasta obtener el cese de actividades, su omisión produce –en todo caso- la aplicación de multas por incumplimientos formales, pero de ninguna manera puede justificar el cobro de una deuda inexistente, como se pretende en autos.
Considera que las acreditaciones bancarias que el Fisco utilizó como presunción -art. 39 bis del Código Fiscal- se originaron –erróneamente- en operaciones realizadas por la sociedad de hecho "Jaratz, Pablo y Jaratz, Alejandro" que en la actualidad integra y que se dedica a la actividad agropecuaria. Entiende que la prueba instrumental y pericial producida en autos da cuenta de ello.
En este orden de ideas, remarca que se ha acreditado en autos la inexistencia de la deuda reclamada y que ello habilita no sólo el tratamiento sino también el acogimiento de la excepción de inhabilidad de título articulada. Cita copiosa jurisprudencia en apoyo de su postura.

b. Por último, en relación al agravio vinculado a la imposición de costas, alega que deben imponerse al Fisco en tanto reviste la calidad de perdidoso (art. 68 del C.P.C.C.).
Solicita finalmente la confirmación de la sentencia apelada.
II. Estimo que el recurso no puede prosperar.
De lo relatado precedentemente y teniendo en cuenta los agravios traídos por el apelante, surge que esta Cámara está llamada a resolver: 1) liminarmente, si el acogimiento de la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado y el consecuente rechazo de la ejecución fiscal se ajusta a derecho; 2) de responderse afirmativamente dicha cuestión, deberá decidirse si las costas del proceso han sido –o no- correctamente distribuidas y, 3) finalmente, si las regulaciones de honorarios apeladas deben ser modificadas o confirmadas.

1.a. A fin de abordar el tratamiento del primer agravio planteado por el recurrente, considero oportuno recordar –liminarmente- que frente a la categórica negativa de deuda blandida por el ejecutado, el tratamiento de la excepción de inhabilidad de título queda –en principio- habilitado.
En ese lineamiento, cabe recordar que la posibilidad de plantear en juicios de ejecución fiscal la defensa de inhabilidad de título sustentada en la inexistencia de deuda ha sido admitida por esta Cámara sólo como medio de no privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales. Empero, tal admisión sólo es posible siempre que la mentada inexistencia –total o parcial- sea manifiesta y su constatación no requiera de mayores verificaciones ni presuponga el examen de cuestiones cuya acreditación exceda el ámbito limitado de este tipo de procesos (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 312:178; 318:1151, in re "Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Gervasini, Ernesto", sent. de 11-VII-2007; doct. esta Cámara causas P-10-MP2 "Francano", sent. del 26-VIII-2008; P-400-DO1 "Fernández", sent. de 02-IX-2008; P-289-AZ1 "Perrotta", sent. de 27-XI-2008; P-776-BB1 "Peralta", sent. de 24-II-2009, P-1129-MP1 "Schulten", sent. de 26-II-2009, entre otras).
Desde tal punto de partida, y habiendo el demandado negado la existencia de la deuda reclamada, corresponde desentrañar si –en la especie- se ha acreditado fehacientemente que el ejecutado –como contribuyente inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos- dejó de realizar –desde enero de 1996- la actividad gravada –hecho imponible- identificada con el código de actividad Nº 0523540 (venta al por menor de artículos para regalos) –presuntamente generadora del crédito fiscal reclamado-, tal como lo sostuvo en oportunidad de oponer excepciones y reiteró al replicar el memorial de agravios.

b. En ese camino, estimo de utilidad rememorar algunos datos relevantes que surgen de la causa.
i) El 27-11-2006 el Fisco Provincial inició el presente juicio de apremio contra el Sr. Alejandro Germán Jaratz por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos denunciado como adeudado [v. fs. 9/11]. Acompañó el título ejecutivo N° 279.032 [obrante a fs. 6] del cual surge que: 1º) la determinación se tramitó en el expediente administrativo N° 2306-0208744/2006; 2º) la acreencia ascendía a un monto total de pesos TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 37.123,24); 3º) la deuda correspondía a los períodos 02 a 05 del año 2004, y 02 y 03 del año 2005; 4º) para efectuar la determinación se utilizaron las presunciones previstas en el art. 39 del Código Fiscal; 5º) la actividad gravada del contribuyente era la identificada con el número 0523540, venta al por menor de artículos para regalos -lo que resulta conteste con lo denunciado por el accionado a fs. 181 y lo ratificado por la actora a fs. 203-.
ii) Al oponer excepciones el demandado sustentó la inhabilidad de título alegada en: (a) la nulidad de la notificación del acto administrativo determinativo y, (b) la inexistencia e inexigibilidad manifiesta de la deuda (art. 6 inc. b) de la ley 9122/78) [v. escrito de fs. 181/193].
Fundó esta última afirmación en que el día 3 de Junio de 1996 había denunciado ante la Dirección Provincial de Rentas la conclusión –con retroactividad al mes de diciembre de 1995- de la actividad comercial que, conforme la información brindada en el título ejecutivo, habría originado la determinación fiscal. Señaló que en razón de adeudar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 6/94, 1/95 y 3 a 6/95, no le resultó posible tramitar la baja de la actividad en el mentado impuesto, no obstante lo cual se acogió al plan de regularización de la referida deuda implementado por la ley 11.808, el que fue cancelado en el mes de diciembre de 2006, iniciando el trámite de la baja en ingresos brutos de la actividad de venta por menor de artículos para regalos (hoy nomenclada bajo el Nº 523.540) y obteniendo el cese definitivo por parte de la autoridad recaudatoria provincial el 30-01-2007 (cfr. Formulario R-445 agregado a la causa).
Informó –además- que luego de haber cesado en aquella actividad –año 1996- integró el cargo de Vicepresidente del Directorio de la firma "Catalinas S.A.", el que desempeñó hasta el 15-08-2004, y que -por otra parte- desde el año 1995 es miembro de la sociedad de hecho "Jaratz, Pablo y Jaratz, Alejandro" dedicada a la actividad agropecuaria, donde ejerce la calidad de socio.
Agregó que las nuevas actividades comerciales desarrolladas por su parte con posterioridad al año 1995 fueron debidamente denunciadas ante la Dirección Provincial de Rentas, lo que fue corroborado mediante las actas de comprobación N° 0012198 de fecha 13-05-2003 y Nº 0012204/05 de fecha 30-05-2003, labradas en el expediente administrativo N° 2306-391627/02, originado por el ente recaudador a fin de verificar su situación fiscal frente al impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos fiscales 2000 a 2002 inclusive.
Afirmó que en las mentadas actas se verificó la inexistencia de la actividad comercial de venta por menor de artículos para regalos -que iniciara el 15-04-1993-, y que también acreditó las actividades comerciales realizadas con posterioridad al año 1995 –luego de haber cesado en aquella actividad primigenia-, remarcando que durante los años 2004 y 2005 no realizó el hecho imponible imputado, por lo que no se habría originado la obligación de tributar el impuesto reclamado en autos.
Señaló que luego de diversas tramitaciones administrativas se dictó la Resolución Nº 3461/06 de la Dirección Provincial de Rentas en la que se lo sindicó como "deudor reticente", y posteriormente se emitió –con fecha 25-10-2006- el Título Ejecutivo Nº 279.032 –base de estos autos- mediante el cual se pretende el cobro de la suma de $ 37.123,24 en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales 02 a 05 de 2004 y 02 y 03 de 2005.
Indicó que aplicando los parámetros de cálculo establecidas en el art. 39 bis del Código Fiscal a las acreditaciones bancarias que -para los períodos determinados- existían en la única cuenta que poseía a su nombre en el Banco Macro Bansud (Nº 3-593-0799001841-0, actualmente cerrada), surge que la determinación efectuada por el Fisco provincial es errónea. En este lineamiento, asegura que los movimientos dinerarios de la mentada cuenta bancaria responden únicamente a la actividad desarrollada por la Sociedad de Hecho antes aludida, y no a la venta al por menor de artículos de regalos.
Valiéndose de antecedentes jurisprudenciales –que en parte citó- recordó que el tratamiento de la defensa de inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda en los juicios de apremio es procedente, desde que la limitación cognitiva propia del juicio no puede traducirse en un menoscabo consciente de la verdad jurídica objetiva.
iii) Al contestar la parcela de las excepciones descripta [cfr. escrito de fs. 203/209], el Fisco declamó que ponderar las argumentaciones vertidas por el contribuyente en torno al cese de la actividad que originó la determinación (venta al por menor de artículos de regalería) importaría inmiscuirse en la causa de la obligación, adentrándose en la discusión de cuestiones que se presumen verificadas por el órgano de aplicación antes de la emisión del acto administrativo que originara el título ejecutivo base de la acción. Actuar en contrario importaría –a su razonar- desconocer la presunción de legitimidad –que salvo prueba en contrario- porta aquel acto administrativo.
Señaló que el examen del origen del crédito debe proyectarse en el juicio ordinario de repetición (art. 551 del C.P.C.C.), mas no en el acotado marco cognitivo del proceso de apremio. Recordó que, además, rige aquí el principio del "solve et repete", rector en materia tributaria.
Agregó que la nota acompañada por el contribuyente de fecha 23-12-1995 donde denuncia la conclusión de la actividad de venta de artículos de regalería es una mera manifestación unilateral de voluntad, sin ningún tipo de consentimiento posterior, reconociendo incluso en tal manifestación la existencia de deuda.
Afirmó que en la presente ejecución surge palmariamente el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente, habilitando con ello la determinación del tributo en uso de las facultades conferidas por los arts. 39 y 39 bis, sigtes. y ccs. del Código Fiscal y la exigibilidad de los pagos provisorios a cuenta de esa determinación conforme lo previsto en el art. 50, 3º y 4º párrafos, de la norma citada. Y, en tal contexto, aseveró que la Dirección Provincial de Rentas notificó e intimó al aquí ejecutado a que abonara o regularizara el gravamen correspondiente, único requisito previo a proceder a la vía de apremio.
Por otra parte, recordó que en la ejecución de títulos fiscales la excepción de inhabilidad del título ejecutivo debe surgir de la propia cartular y referirse a sus formas extrínsecas, sin que pueda discutirse la causa de la obligación, es decir, el origen del crédito ejecutado.
Mencionó que si el certificado ejecutado cumple acabadamente con los recaudos impuestos por el art. 2 de la ley 13.406 –períodos determinados, monto reclamado y obligado al pago- el título es perfectamente hábil y los elementos que se utilizaron para arribar a la suma reclamada forman parte de la etapa de preparación del certificado, la cual que es anterior e "irreversible" en esta vía procesal.
iv) Habiéndose ordenado la apertura a prueba de las actuaciones y la producción de las ofrecidas por las partes [cfr. fs. 210], se incorpora a la causa el expediente administrativo Nº 2306-391627/2002 [cfr. fs. 226] –que en este acto tengo a la vista-, iniciado por la Dirección Provincial de Rentas el 20-11-2002 a los fines de verificar la situación fiscal del Sr. Alejandro Jaratz frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y donde consta:
1º) Acta de Comprobación Nº 0012198 de fecha 13-05-2003 [v. fs. 26, expte. admt.] que da cuenta de la presentación de las declaraciones juradas mensuales y anuales del Impuesto al Valor Agregado de enero de 1996 a diciembre de 2002, donde se verifica que no existe más actividad y que fueron presentadas sin movimiento; consta –asimismo- que la última registración verificada en el libro IVA ventas es del mes de diciembre de 1995; que las últimas facturas de ventas utilizadas son para el talonario tipo "A" la Nº 000-0112 y tipo "B" la Nº 000-03896 (coincidentes con las denunciadas por el contribuyente al informar su cese de actividades), y siguientes facturas en blanco, siendo la fecha de la última factura el 23-12-1995; que el 3 de junio de 1996 el contribuyente presentó nota solicitando el cese de la actividad de regalería; similar petición efectuada con fecha 7-06-1996 ante la D.G.I. (Formulario D.G.I. F-569), solicitando la baja al 23-12-1995; inscripción en el plan de moratoria ley 11.808 por los períodos 6/94, 1/95, 3 a 6/95 y pago del anticipo; declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los períodos 01 y 02 de 1996 sin movimiento, y comprobante de pago del período 02 de 1995 –abonado el 19-05-1995-; constancia de inscripción en la D.P.R. con fecha 15-03-1993 por la actividad de venta de artículos de regalo, aclarándose que dado que no existe actividad por los períodos 2000, 2001 y 2002, no posee libros de IVA.
2º) Acta de Comprobación Nº 0012204 de fecha 30-05-2003 [v. fs. 35, expte. admt.] donde se expresa la presentación de documentación perteneciente a la sociedad de hecho "Jaratz Alejandro y Jaratz Pablo", inscripta con el CUIT 30-68117849-6, verificándose que el Sr. Alejandro Jaratz forma parte de la firma desde el 1-06-1995; asimismo se deja constancia de la presentación del Libro de Actas de Asamblea de la firma "Catalinas S.A." -verificándose en el Acta Nº 6 que el Sr. Alejandro Jaratz es Vicepresidente del Directorio-, y de la presentación de papeles de trabajo para liquidar el Impuesto a las Ganancias del contribuyente unipersonal por los períodos 2000 y 2001 constando ingresos por su participación en la sociedad de hecho; además, consta que se presenta resumen de cuenta bancaria con CBU 01403587 01627400363228 que corresponde a Catalinas S.A., y que con relación a la cuenta cuyo CBU es 140358703627 401267804 se manifiesta que corresponde a una Caja de Ahorro compartida con el Sr. Mauricio Jaratz.
3º) Informe Final de Descargo de fecha 4-06-2003 emitido por la contadora María Andrea Mensi –en su carácter de Inspector Impositivo del área de Fiscalización Externa de la Dirección Provincial de Rentas- [v. fs. 47/49, expte. admt.], en el que se concluye que "... de los procedimientos de auditoria surge que el contribuyente no posee actividad en forma unipersonal desde diciembre de 1995, y que no cuenta con la baja correspondiente por poseer deuda resultante del decaimiento de la moratoria ley 11.808. Su actividad y por consiguiente sus ingresos provienen de integrar una sociedad de Hecho, y de honorarios de Director de sociedad anónima. En relación a las dos cuentas bancarias, cuyas acreditaciones originan el presente expediente, se constató que la cuenta con mayores movimientos [Banco Provincia CBU 01403587 01627400363228] no corresponde al contribuyente sino a una sociedad anónima, y que la cuenta con movimientos de menor monto [Banco Provincia CBU 140358703627 401267804] corresponde a una Caja de Ahorro compartida. … VIII SITUACIÓN FISCAL DE PERÍODOS NO PRESCRIPTOS: El contribuyente no desarrolla actividad en forma unipersonal desde el mes de diciembre de 1995, existiendo según la base de datos pago del período 02/95 y acogimiento a Moratoria Ley 11.808 por el resto de los períodos de 1995 y período 6/94, encontrándose la misma decaída".
4º) Como consecuencia de tal informe, el Departamento Gerencia Fiscalización Bahía Blanca eleva las actuaciones con recomendación de proceder al cobro ejecutivo de la deuda resultante del decaimiento del plan de pagos correspondiente a la moratoria Ley 11.808 [v. fs. 50, expte. admt.], constando luego el dictado de la Resolución de Deuda Ley 12.397 (Nº 7 020070251088, de fecha 14-07-2004) estableciendo que la deuda consolidada al 31-12-1999 (con intereses del art. 75 del Código Fiscal –t.o. 1999-) del contribuyente Jaratz Alejandro Germán en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos asciende a la suma de $ 10.037,60, y disponiendo otorgarle un plazo de quince (15) días para impugnar la deuda determinada o abonarla de conformidad a los planes de pago vigentes [v. fs. 59, expte. admt.], y posteriormente la emisión -con fecha 1-09-2004- del título ejecutivo Nº 113.692, por aquel concepto y por la suma de $ 11.078,81 [v. fs. 68, expte. admt.]. Asimismo, consta la cancelación de dicha deuda mediante acogimiento a la ley 12.914, Cap. I, con fecha 16-12-2006 [v. fs. 70, expte. admt.].
v) Por otra parte, obran a fs. 266/268 y 385/386 de autos los informes emitidos por el Perito Contador Oficial Roberto Domingo Trobiani –también producidos en la etapa probatoria-, donde expresa que: 1º) las acreditaciones efectuadas en la cuenta corriente del Banco Macro Bansud Nº 1841/0 correspondientes a los meses de agosto de 2004, octubre de 2004, enero de 2005 y abril de 2005, respondieron a operaciones de la firma "Jaratz Pablo y Jaratz Alejandro Sociedad de Hecho", con excepción de una donación; 2º) las mentadas operaciones fueron ganancia gravada para la sociedad, abonando el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, Ganancias e Ingresos Brutos; 3º) las acreditaciones bancarias analizadas por operaciones comerciales no constituyen ganancia derivada de la actividad de venta al por menor de artículos de regalos, sino que provienen de la actividad agropecuaria desarrollada por la Sociedad de Hecho.

c. Con las actuaciones relevadas y, considerando lo expresado por los contendientes ante esta instancia, corresponde determinar ahora si los elementos probatorios reunidos en la causa, en particular las constancias de las actuaciones administrativas arrimadas y la pericia contable (consentidas por ambas partes, cfr. escrito de fs. 414, auto de fs. 415 y providencia de autos para resolver de fs. 423), cuentan con aptitud suficiente para demostrar si el crédito exigido por el Fisco es -o no- inexistente, atento haberse alegado por el contribuyente demandado la total falta de realización de la actividad económica [venta por menor de artículos para regalos, código 0523540 –según título de fs. 6-] por la cual se determinó en forma presunta la deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos ejecutada en el presente proceso.
Ello sin dejar de ponderar que el ejecutado obtuvo el cese definitivo de la mentada actividad con fecha 3001-2007 [cfr. Formulario R-445-C, obrante a fs. 99 de autos], en tanto ésta resulta ser la prueba más idónea para demostrar acabadamente el hecho de no haber seguido desarrollando –durante los períodos comprendidos en el Título Ejecutivo que motiva el presente apremio- la actividad económica gravada con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (cfr. doct. esta Cámara causa P-1129-MP1 "Schulten", op. cit.).
Empero, aún teniendo presente tal circunstancia, no puedo dejar de apreciar que el peso de la prueba producida en la causa –precedentemente analizada y no controvertida por ninguna de las partes- permite tener por acreditado ampliamente que durante los años 2004 y 2005 (a los que se refiere el título en ejecución) el contribuyente no ha realizado la actividad económica que originó la determinación presunta del tributo reclamado.
Es que la propia Administración al pretender determinar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los períodos 2000, 2001 y 2002 por la actividad 523.540 concluyó –con fecha 4-06-2003- que "...el contribuyente no posee actividad en forma unipersonal desde diciembre de 1995, y que no cuenta con la baja correspondiente por poseer deuda resultante del decaimiento de la moratoria ley 11.808. Su actividad y por consiguiente sus ingresos provienen de integrar una sociedad de Hecho, y de honorarios de Director de sociedad anónima…" (resaltado agregado) [v. informe emitido por la Contadora María Andrea Mensi –de la D.P.R.- a fs. 47/49 del expte. admt. N° 2306-391627/2002].
No pasa inadvertido que el trámite ventilado en el expediente administrativo Nº 2306-391.627/2002 se vincula a la fiscalización realizada al contribuyente respecto de su situación frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003 [cfr. fs. 47, expte. cit.], concluyéndose que para dichos períodos no se ejerció la mentada actividad 523.540 y que la determinación de la deuda allí efectuada se vincula con la caducidad del originario plan de pago de la ley 11.808 (períodos 06/94, 01/95, 03/95 a 06/95) suscripto por el contribuyente y que luego cancelara por acogimiento a la nueva moratoria de la Ley 12.914 Cap. I [cfr. fs. 70, expte. admt.]. Señalado lo anterior y sin perjuicio que en autos se reclaman los períodos 02 a 05 de 2004 y 02 y 03 de 2005 [cfr. título ejecutivo de fs. 6], no se me escapa que en aquellas actuaciones, la propia Administración tuvo oportunidad de corroborar que el Sr. Alejandro Germán Jaratz ya no desarrollaba tal actividad desde el año 1995, y dichos antecedentes -por obrar en su poder- debieron ser tenidos en cuenta por el ente recaudador provincial a la hora de determinar la deuda y emitir el certificado aquí ejecutado, en base al sistema de presunciones establecido por los arts. 39, 39 bis y ccdtes. del Código Fiscal.
Mal puede, entonces, el Fisco reclamar un impuesto cuyo hecho imponible (actividad 523.540) no venía siendo realizado por el ejecutado desde 1995 y cuya baja había sido solicitada por nota de fecha 3-06-1996 –denunciando su cese al 23-12-1995-, tal como surge de la documental agregada a fs. 58 de autos –no desconocida por la actora-, y cuando tal situación –además- había sido efectivamente comprobada por la propia Administración a través del procedimiento de fiscalización efectuado al contribuyente en el expediente administrativo Nº 2306-391627/02 antes reseñado.
Pero aún cuando el ente recaudador provincial hubiera considerado insuficientes tales elementos en atención a que el contribuyente no contaba con el cese definitivo de la actividad (recién obtenido el 30-01-2007, cfr. fs. 99), y -soslayando aquellos antecedentes administrativos- entendió procedente emitir el título base de esta acción, el yerro incurrido ha quedado igualmente demostrado en autos.
Es que, la ausencia de realización de la pretendida actividad gravada se aprecia corroborada por las conclusiones arribadas por el Perito Contador Oficial interviniente en la causa, en cuanto asevera que las acreditaciones bancarias verificadas –entre Enero de 2004 y Diciembre de 2005- no constituyen ganancia derivada de la actividad comercial de venta por menor de artículos de regalos [v. fs. 385 vta. de autos], y tal elemento de juicio –ponderado por el a quo- no fue controvertido por el Fisco en la instancia de grado y tampoco se hizo cargo de su crítica en el memorial de agravios, dejando de tal modo incólume este aspecto valorativo de la sentencia apelada (argto. art. 260 del C.P.C.C.).
A partir de tales comprobaciones, resta recordar que una aplicación mecánica del art. 9 de la ley 13.406 no puede llevar al sentenciante a dar la espalda a la realidad objetiva que surge de la causa, pues tal proceder importa una denegación de justicia incompatible con un adecuado servicio jurisdiccional, máxime en aquellos casos en los que la estructura del proceso de apremio no se ve desnaturalizada por la morigeración del rigorismo formal (cfr. doct. esta Cámara causas P-400-DO1 "Fernández", sent. del 2-IX-2008; P-801-BB1 "Empresa Ceferino S.A.", sent. de 23-X-2008), especialmente cuando –como en la especie- la solución al caso se encuentra en las actuaciones administrativas tramitadas por ante el ente recaudador y traídas como prueba al presente apremio y en la pericia contable practicada en la causa cuyas conclusiones –para el período en cuestión- resultan ser –en lo que aquí interesa- concordantes con aquellos antecedentes.
Finalmente, cabe señalar que si bien de las constancias de autos no surge cuál ha sido el indicio económico considerado por la Administración para determinar el crédito exigido –en tanto no se ha adjuntado a la causa el expediente administrativo N° 2306-0208744/2006, que diera lugar a la emisión del título ejecutado-, tampoco pueden obviarse las conclusiones del perito profesional contable en cuanto dictaminó que las operaciones de la cuenta bancaria de titularidad del demandado en los períodos determinados responden a contrataciones realizadas por la sociedad de hecho, sobre las que ya se hubo tributado -en cuanto resultara pertinente-, ratificando luego que las acreditaciones no constituyen ganancias derivadas de la actividad comercial de venta al por menor de artículos de regalo.
Con todo, encuentro probado en la especie que el crédito cuya ejecución pretende el Fisco carece de exigibilidad, al no haberse producido el hecho generador de la obligación tributaria por el que se emitió.
Es que, una apreciación conjunta de los elementos probatorios aportados a la causa permite concluir que ha quedado patentizada la inexistencia total de la deuda por la actividad 523.540 (a la que se refiere el título ejecutivo de fs. 6), desde que, habiéndose acreditado la ausencia de realización del hecho imponible durante los períodos consignados en aquél, el pretenso reclamo efectuado al contribuyente carece de sustento.
De tal modo, comprobada que ha sido la inexistencia total de deuda, la excepción de inhabilidad de título blandida por el ejecutado debe receptarse.
Habiendo arribado a tal conclusión, lo que –a mi modo de ver- sella la suerte adversa del recurso en esta parcela, considero inoficioso el tratamiento de los restantes argumentos traídos por el apelante y vinculados a la cuestión de fondo.

2. Superado aquel análisis, corresponde tratar el cuestionamiento del recurrente referido a la imposición -a su cargo- de las costas del proceso.
Tiene dicho esta Cámara que en los procesos ejecutivos –y el apremio claramente lo es-, conforme con lo dispuesto por el art. 556 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por reenvío del art. 25 ley 13.406), rige plenamente el principio objetivo de la derrota en lo que se refiere a la imposición de costas; de allí que los gastos causídicos deben ser soportados por el vencido, no siendo de aplicación lo normado por el segundo párrafo del art. 68 del referido código.
Esa aplicación plena del mentado principio excluye la consideración de aspectos ajenos al resultado puro de la contienda, descarta la posibilidad de valoración de la conducta de las partes o la índole de las cuestiones controvertidas, por lo que mal puede eximirse al vencido de correr con tales gastos según el mérito que sobre tales circunstancias se forme el juzgador (cfr. doct. esta Cámara causa P-504-NE1 "Fisco c. Hogar San Andrés", sent. del 17-VI-2008; P-314-AZ1 "Fisco c. Andrich", sent. de 17-IX-2009, entre otras).
Este principio supone contradicción o contienda y, asimismo, una decisión acerca de las cuestiones controvertidas que necesariamente determinará las calidades de vencedor y de perdidoso en el pleito (conf. doctr. esta Alzada, causa P-510-MP1 "Fisco c. Lurbe", sent. del 30-X-2008).
En la especie, la discusión acerca de la existencia del crédito fiscal fue resuelta por el magistrado de grado en forma favorable al contribuyente ejecutado, desestimando íntegramente la pretensión del Fisco de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, la Administración resultó vencida en las actuaciones, debiendo por lo tanto cargar con las costas del juicio.
Recuerdo que el fundamento del principio rector consagrado en los arts. 68 y 556 del Código Procesal Civil y Comercial reside también en la correlativa necesidad de resguardar la integridad del derecho que la sentencia reconoce a la parte vencedora, evitando que los gastos realizados para obtener ese reconocimiento no se traduzcan, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (conf. doctr. esta Cámara, causa P-504-NE1 "Fisco c. Hogar San Andrés", ya citada).
Así, en concordancia con la solución que propicio respecto de la primera parcela del recurso traído a esta Alzada, estimo que corresponde desestimar este segundo agravio y confirmar la imposición de costas al Fisco que porta la sentencia apelada, por su objetiva condición de vencido en la contienda.

3. Por último, la parte actora se agravia por considerar altos los honorarios regulados en el pronunciamiento apelado.
El a quo fijó los estipendios de la letrada patrocinante del ejecutado, Dra. Amorina G. Regina -letrada patrocinante del accionado- en la suma de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400,=) [arts. 22 de la ley 13.406, 16 del Decreto ley 8904/77] y los del perito Contador Roberto Domingo Trobiani en la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,=) [art. 207 ley 13.750], aclarando que la base regulatoria considerada había sido el monto de la demanda (art. 23 del Decreto ley 8904/77).
A los fines de analizar la impugnación planteada deben realizarse las siguientes apreciaciones:
a. Para revisar los honorarios fijados a la Dra. Amorina G. Regina, corresponde tomar en cuenta la escala que para este tipo de procesos prevé el art. 22 de la Ley 13.406, la base regulatoria reglada en el art. 23 –segunda parte- del decreto ley 8904/77 –al haberse rechazado totalmente la pretensión fiscal-, y meritarse –además- las pautas brindadas por los arts. 14 –carácter en que actúa el abogado- y 16 –monto del asunto, resultado obtenido, complejidad y novedad de la cuestión, entre otros parámetros- del mentado decreto ley.
En virtud de ello, y considerando: i) que en las presentes actuaciones la mencionada letrada se desempeñó como patrocinante del ejecutado; ii) que al presentarse, opuso al progreso de la acción excepción de inhabilidad de título y nulidad de notificación, la que mereció la oportuna réplica de la contraria, y que –finalmente- repelió la ejecución fiscal; y iii) las demás pautas aludidas en el párrafo precedente; la valoración que en el sub examine se hiciera de los trabajos realizados por la Dra. Amorina G. Regina luce ajustada a derecho [art. 22 de la ley 13.406; arts. 1, 10, 14, 16, 23 –segunda parte-, 57 y cctes. del Dec. ley 8904/77].
b. En relación a los honorarios regulados al perito contador Roberto Domingo Trobiani, teniendo en cuenta lo establecido por el art. 207 de la ley 10.620 (modif. por ley 13.750), la valoración que en el sub examine se hiciera de los trabajos realizados por aquél luce ajustada a derecho.

III. Por todo lo expuesto he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación incoado por el Fisco Provincial a fs. 432/438, confirmando íntegramente la sentencia de grado por los fundamentos aquí dados, e imponiendo las costas de esta alzada al accionante en su calidad de vencido (art. 25 ley 13.406 y arts. 68, 556 y 274 del C.P.C.C.).

Voto a la cuestión planteada por la negativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por la señora Juez doctora Sardo, vota a la cuestión planteada por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA
1. Rechazar el recurso de apelación incoado por el Fisco Provincial a fs. 432/438, confirmando íntegramente la sentencia de grado, e imponiendo las costas de esta alzada a la parte actora en su objetiva calidad de vencida (art. 25 ley 13.406 y arts. 68, 556 y 274 del C.P.C.C.).
2. Estése a la regulación que por separado se practica respecto de los trabajos profesionales ante esta alzada.
3. Se hace constar que para analizar las regulaciones de honorarios se ha tomado como base regulatoria la suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 37.123,24), correspondiente al monto de la demanda (art. 23 –segunda parte- del Decreto Ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Adriana M. Sardo – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria